9 nov 2012
Los jubilados pagarán de 8 a 60 euros por el uso de ambulancias.
La población activa entre un 40% y un 60% por viaje, fijado en 25 euros
Empiezan a desvelarse poco a poco más datos sobre la sanidad pública que se avecina, y que se caracteriza por el aumento de la aportación de los usuarios en servicios hasta ahora libres de copago o con aportaciones distintas dependiendo de la comunidad autónoma.
Este fin de semana, el Consejo de Ministros aprobó, por un lado, el proyecto de real decreto por el que se fijan las bases para establecer los importes máximos de financiación en ortoprótesis, mientras que el BOE publicaba el sábado la orden ministerial que establece un factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos. En ninguno de los dos casos se conoce aún la cantidad que tendrán que pagar los ciudadanos ni la aportación máxima, pero sí el pago por el transporte sanitario no urgente.
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaron a este periódico que el paciente pensionista pagará 8, 18 o 60 euros como máximo al mes, dependiendo de la renta. La población activa pagará entre un 40% y un 60% del coste del traslado según sus ingresos.
Siguiendo el mismo esquema que en el nuevo sistema de financiación de los medicamentos, se establecerá un tope máximo de 8 euros por el traslado no urgente a aquellos con una renta inferior a 18.000 euros, mientras que los que tienen entre 18.000 y 99.999 euros anuales pagarán un límite mensual de 18. Los que superen los 100.000 euros al año pagarán 60 euros. La población activa deberá pagar un 40% del coste del traslado si gana menos de 18.000 euros al año, el 50% si gana entre 18.000 y 100.000 euros y el 60% si supera esos ingresos anuales. Al igual que con los medicamentos, no pagarán los parados de larga duración que no cobren nada y los que perciban la renta de inserción.
No habrá distinciones por patologías; es decir, los enfermos que reciban diálisis o quimioterapia, por ejemplo, no están exentos de pagar por ser trasladados al centro hospitalario. Será decisión del facultativo, quien decretará mediante prescripción qué paciente deberá ser trasladado sin coste alguno o quién sí, en función de su estado de salud y su capacidad para desenvolverse, según informaron fuentes del departamento que dirige Ana Mato.
Pero ¿cuánto costarán los traslados? Según Sanidad, se establecerá un coste único de 25 euros por recorrido, al margen de la distancia en kilómetros. Con esta fórmula, explican en Sanidad, se intenta no penalizar a la población rural.
Esta es una de las medidas aprobadas por el ministerio el pasado mes de abril, que establece que el transporte sanitario no urgente, junto con la prestación ortoprotésica y dietoterápica, pasaba a formar parte de la Cartera de Servicios Suplementaria del Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo que también ha quedado claro es que los implantes quirúrgicos no se cobrarán, pero sí los externos, como las prótesis de mama (en el caso de que no se acepte una reconstrucción quirúrgica del pecho, la paciente deberá pagar parte del coste del sujetador específico), las prótesis de mano y pie y los audífonos, tal como denuncia la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Madrid (Famma). También el usuario pagará una parte por el uso de muletas o sillas de rueda.
Todavía no se han establecido los topes máximos que tengan que pagar los pensionistas, que abonarán un 10% del aparato, aunque sí lo que abonará la población activa: entre un 40% y un 60% dependiendo de la renta, sin tope alguno. Hasta ahora, cada comunidad establecía su propio catálogo de ortoprótesis, lo que, según el Ministerio de Sanidad, da lugar a grandes desigualdades.
Publicado en La Vanguardia
Empiezan a desvelarse poco a poco más datos sobre la sanidad pública que se avecina, y que se caracteriza por el aumento de la aportación de los usuarios en servicios hasta ahora libres de copago o con aportaciones distintas dependiendo de la comunidad autónoma.
Este fin de semana, el Consejo de Ministros aprobó, por un lado, el proyecto de real decreto por el que se fijan las bases para establecer los importes máximos de financiación en ortoprótesis, mientras que el BOE publicaba el sábado la orden ministerial que establece un factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos. En ninguno de los dos casos se conoce aún la cantidad que tendrán que pagar los ciudadanos ni la aportación máxima, pero sí el pago por el transporte sanitario no urgente.
Fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaron a este periódico que el paciente pensionista pagará 8, 18 o 60 euros como máximo al mes, dependiendo de la renta. La población activa pagará entre un 40% y un 60% del coste del traslado según sus ingresos.
Siguiendo el mismo esquema que en el nuevo sistema de financiación de los medicamentos, se establecerá un tope máximo de 8 euros por el traslado no urgente a aquellos con una renta inferior a 18.000 euros, mientras que los que tienen entre 18.000 y 99.999 euros anuales pagarán un límite mensual de 18. Los que superen los 100.000 euros al año pagarán 60 euros. La población activa deberá pagar un 40% del coste del traslado si gana menos de 18.000 euros al año, el 50% si gana entre 18.000 y 100.000 euros y el 60% si supera esos ingresos anuales. Al igual que con los medicamentos, no pagarán los parados de larga duración que no cobren nada y los que perciban la renta de inserción.
No habrá distinciones por patologías; es decir, los enfermos que reciban diálisis o quimioterapia, por ejemplo, no están exentos de pagar por ser trasladados al centro hospitalario. Será decisión del facultativo, quien decretará mediante prescripción qué paciente deberá ser trasladado sin coste alguno o quién sí, en función de su estado de salud y su capacidad para desenvolverse, según informaron fuentes del departamento que dirige Ana Mato.
Pero ¿cuánto costarán los traslados? Según Sanidad, se establecerá un coste único de 25 euros por recorrido, al margen de la distancia en kilómetros. Con esta fórmula, explican en Sanidad, se intenta no penalizar a la población rural.
Esta es una de las medidas aprobadas por el ministerio el pasado mes de abril, que establece que el transporte sanitario no urgente, junto con la prestación ortoprotésica y dietoterápica, pasaba a formar parte de la Cartera de Servicios Suplementaria del Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo que también ha quedado claro es que los implantes quirúrgicos no se cobrarán, pero sí los externos, como las prótesis de mama (en el caso de que no se acepte una reconstrucción quirúrgica del pecho, la paciente deberá pagar parte del coste del sujetador específico), las prótesis de mano y pie y los audífonos, tal como denuncia la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Madrid (Famma). También el usuario pagará una parte por el uso de muletas o sillas de rueda.
Todavía no se han establecido los topes máximos que tengan que pagar los pensionistas, que abonarán un 10% del aparato, aunque sí lo que abonará la población activa: entre un 40% y un 60% dependiendo de la renta, sin tope alguno. Hasta ahora, cada comunidad establecía su propio catálogo de ortoprótesis, lo que, según el Ministerio de Sanidad, da lugar a grandes desigualdades.
Publicado en La Vanguardia
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