5 mar. 2014

postheadericon Valoración y propuestas ante el proyecto de ley de mutuas laborales


El Consejo de Ministros, aprobó un Anteproyecto de la Ley de Mutuas, el 20/12/2013, que modifica la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Este cambio legal permitirá a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales –que pasarán a denominarse Mutuas de la Seguridad Social- involucrarse en los procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes desde el primer día de la baja. El texto estipula que las mutuas deberán deshacerse de sus sociedades de prevención antes del 31 de diciembre de 2014,

Los antecedentes de la privatización de la gestión de las bajas laborales por enfermedad
Hace algunos años el Acuerdo de Financiación Sanitaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera  estableció como fórmula pata incrementar la financiación  del sistema sanitario público la reducción del gasto en bajas laborales (IT) de las CCAA, sin garantizar que estos fondos, una vez trasferidos se destinaran a sanidad (por esta causa los fondos se presentan “inflados” en los prepuestos)
Esa reforma se centró en reducir del tiempo máximo de baja laboral a 18 meses, a partir del cual el paciente la gestión de la misma pasa a la Entidad Gestora de Seguridad  Social y deja de depender de los facultativos del Sistema Nacional de Salud (medicos de cabecera); en ceder a las Mutuas de Accidentes de Trabajo competencias para gestionar las bajas; y en  trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a las Mutuas  de la capacidad de citar,  controlar y reconocer  a los trabajadores la baja expedida por los medicos de cabecera del sistema sanitario público (las Mutuas pasaron a ser entidades gestoras de la SS, pero sin la responsabilidad y ni control del sistema público).
  
Objetivos de la propuesta
 1.- Potenciar las Mutuas que actualmente gestiona el 80% de las bajas laborales por contingencias comunes.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales se financiaba hasta ahora con dinero público mediante las cuotas de accidente y enfermedades profesionales que recauda  la Tesorería de la Seguridad Social  y por negocios privados como las asesorías en prevención de riesgos profesionales para las empresas.  La importancia de las mismas se constata en el enorme volumen de recursos públicos que manejan (alrededor del 1% del PIB).
Ahora se pretende que las Mutuas asuman el control de las prestaciones por enfermedad común en detrimento de los Servicios Públicos de Salud de Salud de las Comunidades autónomas.  Con este poder las Mutuas pasarán de estar sometidas al control de los servicios públicos de la Seguridad Social a ser las controladoras de las mismas.
2.- Compensar a las Mutuas de las pérdidas económicas que sufren por culpa de la crisis:
Las Mutuas antes de la crisis no demostraron más capacidad que los médicos del sistema sanitario público en mejorar la gestión de la IT (cosa denunciada por el Tribunal de Cuentas), ya que no fueron capaces de reducir las bajas, su duración o el nivel de gasto asociado. Ahora, ante las reducciones experimentadas en las bajas laborales por enfermedad han alcanzando cotas históricas debido al temor de las personas enfermas a estar de baja a ser despedidas, se pretende nuevamente ampliar sus competencias y oportunidades de negocio.
3.- Privatizar la asistencia sanitaria de los trabajadores trasformado las Mutuas (asociaciones empresariales) en Concesiones Administrativas, que gestionaran la Incapacidad Laboral  (IT) por enfermedad  de acuerdo al modelo de Nuevas Formas de Gestión Privada (ley 15/1997).
4.- Contribuir al cambio de modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Rajoy que pretende sustituir el Sistema Nacional de Salud, público, universal, accesible,  equitativo  y redistributivo, en un modelo basado en el aseguramiento (cotizaciones y provisión privada).

CONSECUENCIAS
1.- Se pone bajo sospecha a

  • Los trabajadores a los que se achacan una conducta fraudulenta y defraudadora de las bajas por enfermedad.
  • Los profesionales sanitarios (de Atención Primaria)
La reforma se fundamenta en la necesidad de acabar con una supuesta existencia de un fraude sistemático por parte de los trabajadores de baja por enfermedad y  en la incapacidad de los profesionales del sistema sanitario público para gestionarlas y en la mayor capacidad de gestión y control del fraude por las Mutuas. Esto es algo, por lo menos,  cuestionable como demuestra la querella interpuesta hace pocos años por la Fiscalía Anticorrupción contra la Mutua Universal (tercera entidad del sector en importancia) por un presunto delito e malversación de caudales públicos desviando fondos de la seguridad social a fines distintos de los propios de la actividad mutualista
2.- Los médicos de Atención Primaria verán mermadas sus competencias en la atención de sus enfermos cuando necesiten una baja o un alta laboral. A los facultativos se les pone bajo sospecha de incompetencia y de presunción de fraude.
2.- Incrementará la burocracia de los médicos de atención primaria al obligar a manejar una documentación administrativa muy compleja y a incrementar el número de informes a cumplimentar.
3.- Recorta nuevamente los derechos laborales de todos los ciudadanos ya que las Mutuas (al servicio de la patronal) podrán dar altas laborales por motivos administrativos utilizando de manera torticera el silencio administrativo positivo por incomparecencia de cuatro días  (sin tener en cuenta criterios sanitaros).
4.- Acaba con el derecho de los trabajadores a la confidencialidad de su historial clínico (garantizado por la Constitución y las Leyes Orgánicas  15/1999 y 41/20029 poniendo a disposición del INSS y del ISM (y posteriormente de las Mutuas Patronales) todos los datos sobre su salud (estén o no relacionados con la baja laboral por enfermedad). Sin embargo los profesionales de AP tendrán a su disposición el historial clínico sobre accidentes o enfermedades laborales (el 20% de las causas de baja laboral por contingencias comunes  son en realidad contingencias o enfermedades laborales).
5.- Se privatiza la gestión de las prestaciones por enfermedad que pasarán del ámbito sanitario al burocrático-administrativo mediante unas Mutuas que tienen conflictos de intereses con las empresas a las que prestan este servicio.

Cambios en la situación de las Mutuas: El Gobierno pone a la venta las sociedades de prevención de las mutuas
En el proyecto se estipula que las mutuas deberán deshacerse de sus sociedades de prevención antes del 31 de diciembre de 2014, y las que no encuentren comprador antes del 31 de diciembre serán liquidadas, alegando pare ello que estas no responden a la naturaleza de su actividad propiamente dicha. Esto que supone sacar al mercado (privatización pura y dura) de manera simultánea un paquete de 18 empresas que representan el 55% del sector y que acumulan una deuda de 40 millones de euros con la Seguridad Social,
Los cambios en la gestión de la IT persiguen dos objetivos: a) Potenciar el negocio de las Mutuas   en el control de la gestión de la incapacidad laboral por enfermedad y      b) Aplicar nuevos recortes a los derechos laborales de los trabajadores, restringiendo el derecho a la baja por contingencias de enfermedad o accidente.
Para ello gobierno ha decidido que las Mutuas deben concentrar su actividad en el negocio de gestionar y controlar las bajas y altas por enfermedad y accidente no laboral de los trabajadores, obligándolas a desprenderse de la parte que dedicaban a actividades de promoción y prevención, que deberán vender a empresas multinacionales o fondos de capital riesgo (que en estos momentos no son rentables). Las Mutuas no han sido capaces de reducir la incidencia de los accidentes laborales (de los más elevados de Europa) ni han abordado el problema de las enfermedades profesionales, que son tratadas como enfermedades normales por el Sistema Nacional de Salud.
Esto supone la privatización de unas empresas que gozaban de un estatus semi-público, dejando a los trabajadores sin protección frente a los riesgos de accidente o enfermedad en el ámbito laboral, ya que no se contempla la creación de servicios públicos que sustituyan la actividad que desarrollaban hasta ahora las Mutuas.
Las cesión de la gestión de la IT a las Mutuas fue acompañado de un enorme incremento de recursos materiales, humanos y financieros de estas entidades (10.000 empleados y 431 centros asistenciales, incluyendo hospitales)  lo que incrementó espectacularmente los gastos burocráticos de la gestión de las bajas  sin mejorar los servicios ni reducir el gasto total de las mismas, y creó una red de asistencia paralela que vació de una parte de sus contenidos y responsabilidades a los Servicios de Atención Primaria del Sistema Sanitario Público.
Las actividades de Prevención de Riesgos por estas empresas se han caracterizado por la irracionalidad, como es el caso de las Reconocimientos Sanitarias de Empresa conjunto de pruebas rutinarias, no basadas en la evidencia y sin controles sobre su calidad o su impacto sobre la salud de los trabajadores. Ahora se pretenden   que el negocio de la prevención laboral se atenga a criterios de rentabilidad económica en el contexto de un modelo de mercado incorporando conceptos como competitividad, innovación tecnológica, valor añadido, calidad del servicio, comercialización de productos, etc.
El escándalo del ocultamiento y falseamiento de la mortalidad por enfermedades laborales por las Mutuas:
De acuerdo a la información de las Mutuas En España no se produjo ninguna muerte por enfermedad laboral del año 2000 al 2004. En 2005, se registraron tres muertes por esta causa y su número que no ha variado desde entonces. Ningún otro país de la OCDE se encuentra ante esta situación de sub-registro tan importante, algo que puede definirse como escandaloso.
Sin embargo en un informe del Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, se señalaba que en España se mueren alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos de enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades respiratorias causadas en el lugar de trabajo, pero apenas tres aparece en el registro oficial de las Mutuas  que suministran este tipo de datos. Esto se explica porque de esta manera las mutuas no pagan las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un ahorro y unos beneficios claramente exuberantes.
En cuanto a las enfermedades laborales las Mutuas solo registraron alrededor de 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin baja, aunque las cifras reales son mucho más elevadas con cerca de 2 millones de personas (un 9% de los trabajadores y un 13% de las trabajadoras. La tasa de beneficios de estas entidades empresariales depende de este sub-registro a lo que dedican una gran cantidad de recursos como abogados, expertos laborales y otros que constantemente testifican en los tribunales negando la causa laboral de las enfermedades y de las muertes.
Ahora con este cabio legislativo es previsible que se produzcan concentraciones de empresas en manos de grandes multinacionales, que así avanzaran un paso más en su estrategia de apoderarse del sistema sanitario público y crear un mercado sanitario. Es de esperar un nuevo crecimiento de los costes burocráticos en la gestión de la IT y una reducción del derecho a una salud laboral preventiva para la mayoría de los trabajadores.
Quienes ganan

  • Sector empresarial que reducirá los costes vinculados a la incapacidad laboral y tendrá más sometida a la mano de obra
  • Las Mutuas Patronales que incrementaran su negocio con la gestión de la incapacidad laboral
  • Las multinacionales y fondos de inversión que tendrá, otro importante nicho de negocio con apoyo del sector público
Quienes Pierden
  • Los trabajadores que perderán nuevos derechos como a la baja por enfermedad o accidente; los servicios de prevención de riesgos laborales;  y que tendrán que pagar más impuestos para sostener las privatizaciones
  • Los servicios y profesionales de Atención Primaria que verán incrementada la carga de trabajo burocrático y perderán el control de estos procesos y seguirán sin acceder a información de sus pacientes importante para garantizar una atención integral, integrada y continuada
  • El sistema público que cada más irracional, privatizado y al servicio de las multinacionales


Propuestas alternativas de la FADSP
1.- Restablecer la unidad e integralidad del sistema de la atención y gestión de las bajas por enfermedad 
  • Mantener a los médicos de familia como los responsables de la atención y gestión de  las bajas laborales
  • Devolver a los inspectores de los servicios de salud pública la función de control y supervisión de estas prestaciones
  • Supresión de la capacidad para controlar, citar, solicitar pruebas, tratar y dar el alta del INSS y de las Mutuas patronales.
  • Revisar el papel de las Mutuas en la gestión de las prestaciones por IT, reintegrando esta función al sistema público. 
2.- Desburocratizar y simplificar los procedimientos para la gestión de la IT: Documentos, datos, controles, partes semanales 
3.- Poner en marcha una estrategia integral (incidiendo sobre todos los determinantes del crecimiento de la IT) e integrada (coordinando las actuaciones de todos los sectores y recursos implicados), dotada de medios y recursos suficientes.
4.- Potenciar y dotar adecuadamente la Atención Primaria  y  la Inspección Médica, para  garantizar su capacidad resolutiva y el control de los enfermos de baja.
5.- Poner en marcha una estrategia para mejorar la eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera que prolongan innecesariamente las bajas por enfermedad
6.- Abandonar la estrategia privatizadora de la gestión de la IT, reintegrando las competencias y recursos en manos de las mutuas al sistema de salud.
7.- Poner a disposición del sistema sanitario públicos, especialmente a  los servicios de AP, la información sobre accidentes y enfermedades laborales en poder de las mutuas, para poder diseñar estrategias  de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, necesarias en un momento de crisis como la actual que aumenta los riesgos laborales asociados a la  reducción de costes preventivos, el aumento de la precariedad y de la inestabilidad en el puesto de trabajo
7.- Dar participación a todos los sectores y agentes sociales implicados en el problema, en la planificación, gestión y control de las bajas por IT. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la  Sanidad Pública
 Marzo de 2014


 Bibliografía
  1. Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra:  El escándalo de las mutuas patronales. Diario Público 5/5/2011.
  2. Informe de la Federación de Inspectores Sanitarios sobre el proyecto (10/10/2013) de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por IT.
  3. Miguel González Hierro. Bajas Laborales recortando derechos. Salud 2000 nº 105, enero 2006.
  4. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Informe: Otro efecto de la Reforma Laboral: El recorte de la baja por enfermedad laboral y la privatización de su gestión. Mayo de 2011.
  5. Tribunal de Cuentas. Informe 829: Informe de Fiscalización sobre procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
  6. Federacon de Asociaciones para la Defnsa de la Sanidad Pública ¿Dónde está el fraude a la Seguridad Social?.“Relato de una estafa” (dicho en el debate en la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados, 29-04-2009.)
  7. Federacon de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública Informe: El fraude de las bajas laborales y el papel de las Mutuas de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales. Agosto 2007
  8. Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la prestación de incapacidad temporal por continencias comunes.

Julio 2004

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