5 mar 2014
Valoración y propuestas ante el proyecto de ley de mutuas laborales
El Consejo de Ministros, aprobó un Anteproyecto de
Los
antecedentes de la privatización de la gestión de las bajas laborales por
enfermedad
Hace algunos
años el Acuerdo de Financiación Sanitaria del Consejo de Política Fiscal y
Financiera estableció como fórmula
pata incrementar la financiación del sistema
sanitario público la reducción del gasto en bajas laborales (IT) de las CCAA,
sin garantizar que estos fondos, una vez trasferidos se destinaran a sanidad
(por esta causa los fondos se presentan “inflados” en los prepuestos)
Esa reforma se
centró en reducir del tiempo máximo de baja laboral a 18 meses, a partir del
cual el paciente la gestión de la misma pasa a la Entidad Gestora de
Seguridad Social y deja de depender de
los facultativos del Sistema Nacional de Salud (medicos de cabecera); en ceder a
las Mutuas de Accidentes de Trabajo competencias para gestionar las bajas; y
en trasladar al Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y a las Mutuas de la capacidad de
citar, controlar y reconocer a los trabajadores la baja expedida por los medicos
de cabecera del sistema sanitario público (las Mutuas pasaron a ser entidades
gestoras de la SS ,
pero sin la responsabilidad y ni control del sistema público).
Objetivos
de la propuesta
1.- Potenciar las Mutuas que actualmente
gestiona el 80% de las bajas laborales por contingencias comunes.
Las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales se financiaba hasta ahora con
dinero público mediante las cuotas de accidente y enfermedades profesionales
que recauda la Tesorería de la Seguridad Social y por negocios privados como las asesorías en
prevención de riesgos profesionales para las empresas. La importancia de las mismas se constata en
el enorme volumen de recursos públicos que manejan (alrededor del 1% del PIB).
Ahora se pretende que las Mutuas
asuman el control de las prestaciones por enfermedad común en detrimento de los
Servicios Públicos de Salud de Salud de las Comunidades autónomas. Con este poder las Mutuas pasarán de estar
sometidas al control de los servicios públicos de la Seguridad Social
a ser las controladoras de las mismas.
2.-
Compensar a las Mutuas de las pérdidas económicas que sufren por culpa de la
crisis:
Las Mutuas antes de la crisis no demostraron más
capacidad que los médicos del sistema sanitario público en mejorar la gestión
de la IT (cosa denunciada
por el Tribunal de Cuentas), ya que no fueron capaces de reducir las bajas, su
duración o el nivel de gasto asociado. Ahora, ante las reducciones experimentadas en las bajas
laborales por enfermedad han alcanzando cotas históricas debido al temor de las
personas enfermas a estar de baja a ser despedidas, se pretende nuevamente
ampliar sus competencias y oportunidades de negocio.
3.-
Privatizar la asistencia sanitaria de los trabajadores trasformado las Mutuas
(asociaciones empresariales) en Concesiones Administrativas, que gestionaran la Incapacidad Laboral (IT) por enfermedad de acuerdo al modelo de Nuevas Formas de
Gestión Privada (ley 15/1997).
4.-
Contribuir al cambio de modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Rajoy que pretende sustituir
el Sistema Nacional de Salud, público, universal, accesible, equitativo
y redistributivo, en un modelo basado en el aseguramiento (cotizaciones
y provisión privada).
CONSECUENCIAS
1.- Se pone bajo sospecha a
- Los trabajadores a los que se achacan una conducta fraudulenta y defraudadora de las bajas por enfermedad.
- Los profesionales sanitarios (de Atención Primaria)
La reforma se
fundamenta en la necesidad de acabar con una supuesta existencia de un fraude
sistemático por parte de los trabajadores de baja por enfermedad y en la incapacidad de los profesionales del
sistema sanitario público para gestionarlas y en la mayor capacidad de gestión
y control del fraude por las Mutuas. Esto es algo, por lo menos, cuestionable como demuestra la querella
interpuesta hace pocos años por la Fiscalía Anticorrupción contra la Mutua Universal (tercera
entidad del sector en importancia) por un presunto delito e malversación de
caudales públicos desviando fondos de la seguridad social a fines distintos de
los propios de la actividad mutualista
2.- Los médicos de Atención Primaria verán mermadas sus competencias en
la atención de sus enfermos cuando necesiten una baja o un alta laboral. A los facultativos
se les pone bajo sospecha de incompetencia y de presunción de fraude.
2.- Incrementará la burocracia de los médicos de atención primaria al
obligar a manejar una documentación administrativa muy compleja y a incrementar
el número de informes a cumplimentar.
3.- Recorta nuevamente los derechos laborales de todos los ciudadanos
ya que las Mutuas (al servicio de la patronal) podrán dar altas laborales por
motivos administrativos utilizando de manera torticera el silencio
administrativo positivo por incomparecencia de cuatro días (sin tener en cuenta criterios sanitaros).
4.- Acaba con el derecho de los trabajadores a la confidencialidad de su
historial clínico (garantizado por la Constitución y las
Leyes Orgánicas 15/1999 y 41/20029
poniendo a disposición del INSS y del ISM (y posteriormente de las Mutuas
Patronales) todos los datos sobre su salud (estén o no relacionados con la baja
laboral por enfermedad). Sin embargo los profesionales de AP tendrán a su
disposición el historial clínico sobre accidentes o enfermedades laborales (el
20% de las causas de baja laboral por contingencias comunes son en realidad contingencias o enfermedades
laborales).
5.- Se privatiza la gestión de las prestaciones por enfermedad que
pasarán del ámbito sanitario al burocrático-administrativo mediante unas Mutuas
que tienen conflictos de intereses con las empresas a las que prestan este
servicio.
Cambios en
la situación de las Mutuas: El Gobierno pone a la venta las
sociedades de prevención de las mutuas
En el proyecto se estipula que
las mutuas deberán deshacerse de sus sociedades de prevención antes del 31 de
diciembre de 2014, y las que no
encuentren comprador antes del 31 de diciembre serán liquidadas, alegando pare ello que estas no responden a la naturaleza de su actividad propiamente dicha. Esto que supone sacar al mercado (privatización pura y dura) de manera simultánea
un paquete de 18 empresas que representan el 55% del sector y que acumulan una
deuda de 40 millones de euros con la Seguridad Social ,
Los cambios en la gestión de la IT persiguen dos objetivos: a) Potenciar
el negocio de las Mutuas en el control de la gestión de la incapacidad
laboral por enfermedad y b) Aplicar nuevos recortes a los derechos
laborales de los trabajadores, restringiendo el derecho a la baja por
contingencias de enfermedad o accidente.
Para ello gobierno ha decidido que las Mutuas deben concentrar
su actividad en el negocio de gestionar y controlar las bajas y altas por
enfermedad y accidente no laboral de los trabajadores, obligándolas a desprenderse
de la parte que dedicaban a actividades de promoción y prevención, que deberán
vender a empresas multinacionales o fondos de capital riesgo (que en estos
momentos no son rentables). Las Mutuas no han sido capaces de reducir la incidencia de los
accidentes laborales (de los más elevados de Europa) ni han abordado el
problema de las enfermedades profesionales, que son tratadas como enfermedades
normales por el Sistema Nacional de Salud.
Esto supone la privatización de unas empresas
que gozaban de un estatus semi-público, dejando a los trabajadores sin protección frente
a los riesgos de accidente o enfermedad en el ámbito laboral, ya
que no se contempla la creación de servicios públicos que sustituyan la
actividad que desarrollaban hasta ahora las Mutuas.
Las cesión de la gestión de la IT a las Mutuas fue acompañado
de un enorme incremento de recursos materiales, humanos y financieros de estas
entidades (10.000 empleados y 431 centros asistenciales, incluyendo
hospitales) lo que incrementó espectacularmente
los gastos burocráticos de la gestión de las bajas sin mejorar los servicios ni reducir el gasto
total de las mismas, y creó una red de asistencia paralela que vació de una
parte de sus contenidos y responsabilidades a los Servicios de Atención
Primaria del Sistema Sanitario Público.
Las actividades de Prevención de Riesgos por estas empresas se han caracterizado por la
irracionalidad, como es el caso de las Reconocimientos Sanitarias de Empresa conjunto
de pruebas rutinarias, no basadas en la evidencia y sin controles sobre su calidad
o su impacto sobre la salud de los trabajadores. Ahora se pretenden que el negocio de la prevención laboral se
atenga a criterios de rentabilidad económica en el contexto de un modelo de
mercado incorporando conceptos como competitividad, innovación tecnológica, valor
añadido, calidad del servicio, comercialización de productos, etc.
El escándalo del ocultamiento y falseamiento de
la mortalidad por enfermedades laborales por las Mutuas:
De acuerdo a la información de las Mutuas En España no se produjo ninguna
muerte por enfermedad laboral del año 2000 al 2004. En 2005, se registraron tres
muertes por esta causa y su número que no ha variado desde entonces. Ningún
otro país de la OCDE
se encuentra ante esta situación de sub-registro tan importante, algo que puede
definirse como escandaloso.
Sin embargo en un informe del Grupo de Investigación de Salud Laboral
de la Universidad
Pompeu Fabra, se señalaba que en España se mueren alrededor
de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el
lugar de trabajo. Cada año hay 9.400 muertos de cáncer, 3.600 muertos de
enfermedades cardiovasculares y 1.700 muertos de enfermedades respiratorias
causadas en el lugar de trabajo, pero apenas tres aparece en el registro
oficial de las Mutuas que suministran
este tipo de datos. Esto se explica porque de esta manera las mutuas no pagan
las compensaciones debidas a los familiares de los fallecidos, consiguiendo un
ahorro y unos beneficios claramente exuberantes.
En cuanto a las enfermedades laborales las Mutuas solo registraron
alrededor de 30.000 casos anuales, la inmensa mayoría de ellos leves y sin
baja, aunque las cifras reales son mucho más elevadas con cerca de 2 millones
de personas (un 9% de los trabajadores y un 13% de las trabajadoras. La tasa de
beneficios de estas entidades empresariales depende de este sub-registro a lo
que dedican una gran cantidad de recursos como abogados, expertos laborales y
otros que constantemente testifican en los tribunales negando la causa laboral
de las enfermedades y de las muertes.
Ahora con este cabio legislativo es previsible que se produzcan
concentraciones de empresas en manos de
grandes multinacionales, que así avanzaran un paso más en su estrategia de
apoderarse del sistema sanitario público y crear un mercado sanitario. Es de
esperar un nuevo crecimiento de los costes burocráticos en la gestión de la IT y una reducción del derecho
a una salud laboral preventiva para la mayoría de los trabajadores.
Quienes ganan
- Sector empresarial que reducirá los costes vinculados a la incapacidad laboral y tendrá más sometida a la mano de obra
- Las Mutuas Patronales que incrementaran su negocio con la gestión de la incapacidad laboral
- Las multinacionales y fondos de inversión que tendrá, otro importante nicho de negocio con apoyo del sector público
Quienes Pierden
- Los trabajadores que perderán nuevos derechos como a la baja por enfermedad o accidente; los servicios de prevención de riesgos laborales; y que tendrán que pagar más impuestos para sostener las privatizaciones
- Los servicios y profesionales de Atención Primaria que verán incrementada la carga de trabajo burocrático y perderán el control de estos procesos y seguirán sin acceder a información de sus pacientes importante para garantizar una atención integral, integrada y continuada
- El sistema público que cada más irracional, privatizado y al servicio de las multinacionales
Propuestas
alternativas de la FADSP
1.- Restablecer la unidad e integralidad del sistema
de la atención y gestión de las bajas por enfermedad
- Mantener a los médicos de familia como los responsables de la atención y gestión de las bajas laborales
- Devolver a los inspectores de los servicios de salud pública la función de control y supervisión de estas prestaciones
- Supresión de la capacidad para controlar, citar, solicitar pruebas, tratar y dar el alta del INSS y de las Mutuas patronales.
- Revisar el papel de las Mutuas en la gestión de las prestaciones por IT, reintegrando esta función al sistema público.
2.- Desburocratizar y simplificar los procedimientos
para la gestión de la IT :
Documentos, datos, controles, partes semanales
3.- Poner en marcha una estrategia integral
(incidiendo sobre todos los determinantes del crecimiento de la IT ) e integrada (coordinando
las actuaciones de todos los sectores y recursos implicados), dotada de medios
y recursos suficientes.
4.- Potenciar y dotar adecuadamente la Atención Primaria y la Inspección Médica ,
para garantizar su capacidad resolutiva
y el control de los enfermos de baja.
5.- Poner en marcha una estrategia para mejorar la
eficiencia global del sistema que reduzca los tiempos de espera que prolongan
innecesariamente las bajas por enfermedad
6.- Abandonar la estrategia privatizadora de la
gestión de la IT ,
reintegrando las competencias y recursos en manos de las mutuas al sistema de
salud.
7.- Poner a disposición del sistema sanitario
públicos, especialmente a los servicios
de AP, la información sobre accidentes y enfermedades laborales en poder de las
mutuas, para poder diseñar estrategias
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, necesarias en un
momento de crisis como la actual que aumenta los riesgos laborales asociados a
la reducción de costes preventivos, el
aumento de la precariedad y de la inestabilidad en el puesto de trabajo
7.- Dar participación a todos los sectores y agentes
sociales implicados en el problema, en la planificación, gestión y control de
las bajas por IT.
Federación
de Asociaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública
Marzo de 2014
Bibliografía
- Vicenç Navarro, catedrático de
Políticas Públicas de
- Informe de
- Miguel González Hierro. Bajas Laborales recortando derechos. Salud 2000 nº 105, enero 2006.
- Federación de Asociaciones para
- Tribunal de Cuentas. Informe 829: Informe
de Fiscalización sobre procedimientos de contratación de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
- Federacon de Asociaciones para
- Federacon de Asociaciones para
- Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la prestación de incapacidad temporal por continencias comunes.
Julio 2004
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