Plataforma en Defensa da Sanidade Pública

El Informe es un documento de 159 paginas sin los anexos, por lo que no es nuestra intención el hacer una análisis detallado de un documento tan extenso que contiene como es lógico muchas cuestiones concretas con las que puede haber una mayor o menor coincidencia. Solo se van a resaltar  cuestiones que entendemos fundamentales

1) La sostenibilidad
En el informe se parte de la insostenibilidad del SNS aportando pocos datos y argumentos y si bastantes citas de supuestas autoridades como el Sr Boi Ruiz (pag 11,21) pero a la vez los datos que da son contradictorios con este diagnóstico, por ej. En la pagina 35 de reconoce que el gasto sanitario es menor que el promedio de la UE y se reconoce el % de gasto público (71%) pero se obvia que este porcentaje de gasto público es claramente inferior al del promedio de la UE. Tampoco se señalan algunos datos bien conocidos como el hecho de que el crecimiento del gasto sanitario en los últimos diez años ha sido como promedio del 2,7% en España frente al 4,1% de promedio de la OCDE (OECD Health Data 2010).
Otro hecho llamativo que tampoco se menciona es la escasa presión fiscal de España y la reducción de esta en los últimos años: La sostenibilidad de un servicio público financiado por los impuestos es una relación entre los ingresos y los gastos,  difícilmente puede garantizarse esta si, aparte de la crisis económica, se produce una continua reducción de la presión fiscal.


2) El gasto farmacéutico
A pesar de que se le dedica un apartado (11. La gestión farmacéutica), de manera relevante no se señala que:

• El gasto farmacéutico en España es muy elevado (3 puntos en promedio sobre el gasto sanitario total y 145 $ en poder paritario de compra por encima de la media de la OCDE).
• Las administraciones públicas pagan en razón del PVP cuando son las que compran el 80% de los medicamentos.
• El gasto en medicamentos genéricos es globalmente bajo y muy bajo en algunas CCAA
• La formación continuada esta  fundamentalmente en manos de la industria farmacéutica que ofrece informaciones sesgadas.

Esto es aún mas llamativo cuando es precisamente este elevado gasto farmacéutico el principal problema económico para el sistema sanitario público.

3) El modelo de aseguramiento
El informe plantea un modelo de fraccionamiento del aseguramiento público que luego pasaría a ser gestionado por organizaciones/empresas de aseguramiento privado.
La principal debilidad de este planteamiento esta en que favorece la ruptura del aseguramiento publico y con ello se dificulta su capacidad para garantizar las prestaciones de los ciudadanos, porque precisamente la garantía de estas se basa en el aseguramiento universal que es el que permite cubrir todos los riesgos y las necesidades de salud del conjunto de la población (cuanto mayor es el numero de personas cubiertas mas garantías hay de la cobertura, mayor es su amplitud y menores son los riesgos de quiebra del sistema). Por otro lado aumenta los costes de transacción y de control de los seguros alternativos, es bien conocido que estos sistemas incrementan de manera exponencial los gastos de administración y gestión.

4) El modelo de gestión
Se propone un modelo que reproduce el modelo Alzira, la concesión administrativa de la cobertura de áreas de salud a empresas privadas a pesar de sus elevados costes y los nulos beneficios para la salud de la población atendida, así como a su ausencia de transparencia y las evidencias de que se produce selección de riesgos.
Parece un documento de carácter estratégico al servicio de las industrias  farmacéuticas y de tecnológicas sanitarias, de los grupos aseguradores privados (concentrados en Cataluña y Madrid), de los grupos empresariales privados nacionales e internacionales (que lo han financiado)  y de los Consorcios empresariales (bancos, constrictoras y empresas sanitarias multinacionales) que promueven la Financiación Público Privada (PFI o PPP)
Su objetivo fundamental  es desmantelar el sistema sanitario público en el Estado Español que establece que la salud es un derecho de los ciudadanos españoles que debe ser garantizado  y satisfecho por el Sistema Nacional de Salud.
La concepción de salud que subyace en el documento es que es una mercancía al servicio del desarrollo empresarial e industrial subvencionada con fondos públicos provenientes de los impuestos de la mayoría de los ciudadanos españoles (los ricos hace tiempo que contribuyen menos como consecuencia de las reducciones tributarias de los últimos años).

Líneas básicas del documento

1. Introducir el mercado y la competencia  en las relaciones entre los componentes del sistema sanitario público y de este con los ciudadanos que lo financian y utilizan.
2. Acabar con el Aseguramiento Sanitario Público y Único, dando entrada a los grupos aseguradores privados en la cobertura de la atención sanitaria de la población.
3. Relegar al sistema sanitario público al papel de financiador, controlador y regulador del mercado sanitario. La provisión de servicios sanitarios deberá ser realizada por el sector empresarial privado a través de redes de centros sanitarios de su propiedad
4. Limitar las prestaciones sanitarias financiadas con fondos públicos a un paquete básico, el resto serían financiadas por el usuario directamente o mediante seguros privados complementarios que gozarían de desgravaciones fiscales
5. Dar entrada al sector empresarial privado, nacional e internacional, en el Sistema Sanitario que prestaría gran parte de su asistencia con fondos públicos de los Presupuestos Generales de Estado y de las Comunidades Autónomas.
6. Trasformar los actuales centros sanitarios públicos (hospitales y centros de salud) en empresas  sometidas al derecho y a la lógica del lucro privado.
7. Eliminar los niveles asistenciales y crear áreas de gestión única que faciliten la hegemonía absoluta del sistema hospitalario en manos privadas y que controlen el flujo de pacientes hacia las mismas (ya experimentado en el Hospital de Alzira) .
8. Recortar el gasto corriente de los prepuestos sanitarios para favorecer el negocio empresarial privado por la vía de la Colaboración Público-Privada (PFI o PPP)  para financiar y gestionar los nuevos centros sanitarios y su equipamiento tecnológico
9. Poner el presupuesto sanitario al servicio  del desarrollo del tejido empresarial e industrial privado.

Herramientas al servicio de esta estrategia

• Consensuar un Gran Pacto Sanitario para que mediante un amplio consenso se puedan eliminar los obstáculos políticos y afrontar los recortes en el Estado del Bienestar
• Revocar y modificar en profundidad el marco legislativo relacionado con la salud: Constitución Española, Ley General de Sanidad, Legislaciones Autonómicas y leyes Orgánicas
• Utilizar la esta misión al Consejo Intererritoial de Sanidad que crearía un Comisión para liderar y desarrollar esta misión.

Llama la atención la ausencia de referencias al crecimiento del gasto farmacéutico (más del 30% del gasto sanitario) y a la difusión incontrolada e irracional de la alta tecnología al crecimiento del gasto sanitario, que reflejas a la perfección al conflicto de intereses de quienes promueven el documento. Tampoco hay referencias a los enormes costes asociados a Colaboración Público Privada (PFI) en el Reino Unido, Valencia o Madrid, elaborados por la OMS y otras entidades internacionales.

Elementos de distracción y confusión
Para evitar la alarma social y profesional, dar una imagen de equilibrio entre  intereses contrapuestos (ciudadanos y empresariales)  y legitimar las propuestas el documento incluyen una serie de propuestas que podrían ser aceptadas por ciudadanos y profesionales:

• Rechazo del copago
• Participación social y profesional
• Potenciación de la figura de la Atención Primaria, incremento gasto sanitario en 1% del PIB,
• Planificación como base para la asignación de recursos según problemas y necesidades 
• Planificación en función de los problemas y necesidades de la población
• Mantener las áreas Sanitarias dotándolas de Gerencias Únicas

Consecuencias

• Descapitalización del sistema público  e imposibilidad de mantener las actuales prestaciones
• Fragmentación del Sistema Nacional de Salud que impedirá la atención integral de salud, la promoción de salud (exige coordinación de recursos y niveles) la planificación, la gestión integrada.
• Vuelta al modelo hospitalo-céntrico e  individualista orientado  la enfermedad y la reparación de la salud (en lugar de a incrementarla  o mantenerla)
• Privatización y pérdida de control social de los recursos sanitarios
• Imposibilidad de mantener la universalidad, la accesibilidad, y el carácter redistributivo del sistema. Crecimiento de la inequidad y de la irracional vinculado al afán de lucro de aseguradoras e centros privados

Por todo ello entendemos que lejos de proponer soluciones a la situación del Sistema Nacional de Salud sus propuestas pretenden su desmantelamiento y empeoraría y supondrían un retroceso muy importante de la Sanidad Pública española.


"El Modelo de Futuro de Gestión de la Salud: Propuestas para un Debate" (Fundación Bamberg)